Como consecuencia del mal manejo de los residuos peligrosos ocurren delitos contra la integridad del medio ambiente y sus habitantes, cuyas demandas judiciales son iniciadas a través de la denuncia de diferentes actores y representantes sociales. Estos reclamos se centran en la evidente degradación de la tierra, la intoxicación del aire y el envenenamiento del agua a la que acceden las personas para vivir, apuntando como responsables a aquellos sujetos que intervienen en la gestión de residuos peligrosos y no proceden al debido tratamiento durante su generación, transporte y disposición final. Las investigaciones judiciales implican la realización de estudios periciales ambientales para la producción de prueba durante el proceso, tarea que no es sencilla en términos técnicos, tanto jurídicos como periciales, por la complejidad de la litigación ambiental [1]. En América Latina, el incremento del desarrollo poblacional, la extracción de recursos no renovables y el consumo insostenible, c